Por José Luis Martínez S.

David Fuentes, reportero del periódico El Universal, fue amenazado por sus reportajes sobre venta de drogas en El Frontón y otros espacios de Ciudad Universitaria, por lo cual presentó una denuncia a principios de junio en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

Nada —o muy poco— ha sucedido desde entonces. Y ninguna de las organizaciones de defensa de periodistas, tan activas en otros casos, se ha pronunciado al respecto, quizá porque no milita en ellas ni se suma a sus actividades proselitistas.

Desde hace más de trece años, David ha cubierto información sobre narcotráfico en Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa, Monterrey, Cancún y otros sitios asolados por el crimen organizado —inexistente en la Ciudad de México, de acuerdo con el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera. Pero ha sido aquí donde, al documentar la presencia de una célula del llamado Cártel de Tláhuac en las instalaciones universitarias, en mayo comenzó a recibir mensajes intimidatorios en su celular, correo electrónico y Facebook, con la advertencia de “moderar” su información.

En entrevista telefónica, dice: “Cuando ocurren este tipo de amenazas, te das cuenta lo vulnerable que estamos no sólo los periodistas sino todos los ciudadanos. Acudes a las autoridades con la esperanza de que te ayuden a solucionar el problema, les dices: ‘Me amenazó este tipo, tengo esta información, estas fotos, sé dónde encontrarlo’. Lo mínimo que esperas es que realicen alguna acción preventiva, pero no. Te dan largas, te dicen que van a investigar, pero deben proceder de acuerdo al protocolo, hacer un análisis de riesgo y en tres meses determinar si efectivamente corres peligro. Es algo absurdo, te hace sentir que no importas o que quienes están en esas dependencias no saben cómo reaccionar. Esto es lo que provoca que atenten contra los periodistas, y cuando los matan sucede que habían interpuesto denuncias, pero nadie hizo nada. Esa falta de acción es parte del problema que estamos viviendo”.

Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, coincide con la observación de David. En una reunión con representantes de los estados, al referirse a las agresiones contra periodistas, dijo: “En todos los casos ha habido alguna alerta, algún foco que se prendió y que no fuimos capaces de atender oportunamente”. Ojalá pronto comiencen a hacerlo.

 

La palabra autonomía

El crimen organizado —dice David— no se mete con los periodistas, excepto cuando se alinean con un bando en pugna o afectan sus intereses económicos. Esto último sucedió con sus reportajes: dejaron ver los pormenores de un negocio con ventas de más de cien mil pesos diarios, con ganancias similares o superiores a las obtenidas por los narcomenudistas en Polanco o el corredor Roma-Condesa, donde quizá podrían ser detenidos; en CU no, ahí actúan protegidos por la palabra “autonomía”. “Están conscientes de que la policía no puede entrar a la Universidad, de que nadie puede hacerles nada en ese lugar. Para poner un ejemplo: la última vez que la procuraduría local quiso detener a unas personas dentro de Ciudad Universitaria, hubo tiros, los policías salieron corriendo, los estudiantes los persiguieron, quemaron un paradero del Metrobús. Por eso, las autoridades federales y de la Ciudad de México no se meten, la UNAM tampoco hace nada, y alguien —para no hablar de cárteles— está sacando provecho de esa situación, las pruebas están a la vista”, comenta el reportero.

“El caso de David Fuentes muestra la vulnerabilidad de los periodistas, y de la población…”

La autonomía es la coartada perfecta para la impunidad; en los campus de la UNAM se venden drogas, se agrede a estudiantes, ocurren muertes sospechosas o se expolian instalaciones como el auditorio Justo Sierra, bautizado Che Guevara en 1966 y ocupado desde hace 17 años por grupos de activistas “de izquierda”.

Fuentes comenta el comunicado que envió la UNAM después de hacerse públicas las amenazas en su contra, en el cual se habla de la detención de trece distribuidores y vendedores de estupefacientes “fuera de las instalaciones de la institución”, dentro no se ha molestado a ninguno, cuando ahí es donde está el negocio. Pero ya lo sabemos: la autonomía es sagrada.

 

Agrupaciones de periodistas

En medio del ambiente enrarecido por la violencia contra comunicadores, ninguna agrupación gremial se ha puesto en contacto con David; él tampoco se ha acercado a ellas. “La verdad —comenta— estoy en desacuerdo con varias de esas organizaciones. En primera porque no te ayudan en nada: ¿qué puede hacer, por ejemplo, Artículo 19? ¿Sacar un comunicado y difundirlo entre el gremio, entre los que ya conocen esta situación, entre los medios que los apoyan? En segunda, tengo la sensación de que si no estás en su círculo no te toman en cuenta, no te llaman. No sé si alguna vez me han buscado, pero no tengo llamadas de esas agrupaciones en mi teléfono, tampoco un correo o un mensaje en las redes sociales.

“Por otra parte, ¿cómo van a ayudar en un suceso que se hizo público, que fue tendencia en las redes sociales? La verdad, no sé qué tanto puedan aportar en este asunto, más allá de un pronunciamiento. Eso a mí de qué me sirve”.

El caso de David Fuentes muestra la vulnerabilidad de los periodistas, y de la población en general, en un país donde se cruzan tantos intereses —económicos, políticos, gremiales, etc. — y nadie asume su responsabilidad en la defensa del derecho a la seguridad, y a la información.

 

 

*José Luis Martínez S. es periodista. Director del suplemento cultural Laberinto, del periódico Milenio.

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