Por Iván Baez

La libertad de expresión agoniza en México, cada año incrementa la violencia contra quienes buscan ejercer este derecho que se dice es piedra angular de la democracia. Ante la problemática, la respuesta del gobierno se inscribe en un doble discurso: mientras argumentan que trabajan para garantizar la libertad de expresión, en realidad gran parte de las agresiones proviene de funcionarios públicos, quienes de forma directa atacan a la prensa con actos de violencia física o psicológica, e incluso mediante el uso del sistema de procuración o administración de justicia, así como de la creación de normatividad que busca la censura.

Veamos: en los últimos 10 años (cuyo banderazo de salida pareció ser la mal llamada guerra contra el narcotráfico declarada por el entonces presidente Felipe Calderón) y con más de 2 mil 500 agresiones documentadas por diversas organizaciones y organismos, la violencia ha escalado de las amenazas  a los asesinatos y desapariciones, pasando por las lesiones físicas, robo de equipo, ingresos ilegales a domicilios y centros de trabajo, criminalización de periodistas (podría mencionar varios ejemplos de periodistas que enfrentan algún proceso penal y que incluso que han sido encarcelados) y sometimiento a interminables procesos judiciales que finalmente dan pie a la censura. El resultado de todo esto es una sociedad menos informada.

“¿Qué se puede hacer ante el panorama desalentador?, la respuesta está muy cerca.”

Un ejemplo es la reciente sentencia condenatoria a la periodista Carmen Aristegui que fue demandada por un presunto daño moral ocasionado por el prólogo del libro La casa blanca. Ese caso es sólo la punta del iceberg del uso de los tribunales para buscar censurar cualquier intento de ejercicio de la libertad de expresión o de opinión.

Hemos llegado a niveles absurdos donde basta que una persona diga que una opinión le causa un daño, sin necesitar demostrarlo y mucho menos el nexo con el presunto ejercicio indebido de la libertad de expresión, esto sin olvidar que los estándares internacionales claramente precisan que las opiniones no pueden ser sometidas a un análisis judicial.

Y por otro lado, la investigación de los delitos contra la libertad de expresión no sólo no se investigan, sino que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión parece que mantiene la impunidad por mandato.

A un poco más de 10 años de su creación, se han hecho cambios legislativos a fin de remover obstáculos y dotarle de herramientas para que procuren justicia, sin embargo, sigue el discurso sin resultados que amerita una reestructuración radical acompañada de una fiscalización externa que permita conocer las razones por las que no funcionó e incluso se inicien los procesos en contra del personal que obstaculizó la búsqueda de justicia.

¿Y qué se puede hacer ante el panorama desalentador?, la respuesta está muy cerca, simplemente el empezar a darle seguimiento a las recomendaciones internacionales que México ha recibido en la materia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, y con ello desarrollar un claro plan de trabajo, estableciendo tiempos, responsables y actividades, así como una contraloría civil de personas expertas en el tema.

 

*Iván Baez es abogado especializado en temas de libertad de expresión y defensoría de derechos humanos.

 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s