Miroslava Breach fue asesinada en Chihuahua, en marzo de 2017
Miroslava Breach fue asesinada en Chihuahua, en marzo de 2017.

Por Oswaldo Zavala

Cuando la reportera Miroslava Breach fue asesinada con impunidad y cobardía en Chihuahua, el 23 de marzo de 2017, los principales medios de comunicación de inmediato hablaron de la supuesta “guerra de cárteles” y de la escasa o nula protección que las autoridades del estado habían brindado a la periodista. Los medios mencionaron todo esto, en parte, porque eso fue lo que las fuentes oficiales les dijeron. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, por ejemplo, afirmó en una rueda de prensa horas después del asesinato que las investigaciones preliminares responsabilizaban al “crimen organizado” y a la “narcopolítica” local.

Lo que pasó inadvertido fue que las autoridades determinaron (¿condicionaron?) con insólita eficiencia el móvil del asesinato. Más aún, esa primera información funcionó como principio de organización expositiva del caso. Según las autoridades, Breach habría sido asesinada por esa entelequia del “crimen organizado” —tan parecida a un comodín— y toca ahora a las mismas instancias oficiales resolver el crimen como si esto fuera una novela policial. En otras palabras: nadie entre las autoridades puede ser responsable; sólo entre los miembros del “crimen organizado” están los asesinos, materiales e intelectuales. Notemos que las autoridades que dicen esto aprovechan para distanciarse de toda relación con el asesinato y se eximen automáticamente del mismo crimen que juzgan.

Con lamentable docilidad, los medios se encargaron de legitimar la versión oficial. Al día siguiente del asesinato, el viernes 24 de marzo, por ejemplo, el reportero Alberto Nájar publicó en BBC Mundo el supuesto contexto en el que reporteaba Breach: “Las montañas de Chihuahua se convirtieron en campo de batalla entre los cárteles de Sinaloa y Juárez. La disputa fue para controlar uno de los corredores de droga más importantes del norte mexicano”. Ese “contexto”, no está de más recordarlo, fue la recurrente explicación que el gobierno de Felipe Calderón utilizó durante su sexenio para atribuir a los “cárteles” toda la responsabilidad de los 121 mil homicidios y más de 30 mil desapariciones forzadas cometidos entre 2008 y 2012. Según Calderón, los narcos de pronto se convirtieron en la mayor máquina de destrucción en la historia de México a pesar de que el índice nacional de homicidios se había estabilizado y de hecho descendía lentamente toda la década anterior a la militarización del país. La violencia atribuida a la “guerra de cárteles” en Chihuahua sólo comenzó, qué extraño, con la llegada de miles de soldados y agentes federales, como ya han demostrado serios estudios académicos, como uno hecho en la Universidad de Harvard.

En la misma nota de BBC Mundo, Nájar recuerda que Breach también cubría cuestiones ecológicas, como la tala ilegal de árboles en la sierra Tarahumara, y cómo incluso comunidades enteras habían sido desplazadas con violencia de sus hogares. Con una lógica dudosa, Nájar afirma luego que esas comunidades fueron atacadas por “bandas de narcotráfico”. No se explica por qué a los “cárteles”, que supuestamente están ocupados en una sangrienta guerra en las montañas, les puede interesar la tala de árboles y las tierras de las remotas comunidades tarahumaras. ¿Los árboles y los tarahumaras son un obstáculo para el “corredor de droga más importante del norte mexicano”?

Como han reportado los periodistas Ignacio Alvarado, Dawn Paley y Federico Mastrogiovanni, mucha de la violencia atribuida a los “cárteles” con frecuencia tiene que ver con estrategias oficiales de apropiación y explotación ilegal de tierras ricas en recursos naturales. Convendría pensar más allá de la “narcopolítica” de Chihuahua y considerar con mayor profundidad esta posibilidad.

Es cierto que el artículo de Nájar fue escrito con la presión reactiva de una primera nota sobre algo tan terrible como el asesinato de un colega. Pero el periodismo está siempre constreñido por la inmediatez, el horror y la indignación. No es pedir demasiado que una nota interrogue la versión oficial que, sobre todo en un caso como este, se preocupará ante todo por controlar políticamente la información.

Comparemos el reportaje de Olga Alicia Aragón publicado el 31 de marzo en la revista Newsweek en español. Aragón recoge las declaraciones oficiales, pero no las da por ciertas.

“Miroslava Breach Velducea fue asesinada por su trabajo de investigación periodística que le permitió documentar el enriquecimiento ilícito del ex gobernador César Duarte y dejar al descubierto algunas redes criminales de narcotraficantes y políticos, tanto del Partido Revolucionario Institucional como de Acción Nacional, que controlan estructuras de gobierno y grandes zonas del estado”, escribió Aragón anteponiendo a la clase política al tráfico de drogas.

Todavía más importante, es someter a examen lo dicho por el gobernador de Chihuahua sobre la presunta responsabilidad de la “narcopolítica” en la región. Continúa Aragón:

“Corral Jurado se ha referido sobre todo al reportaje que Breach publicó en La Jornada el viernes 4 de marzo de 2016 (“Impone el crimen organizado candidatos a ediles en Chihuahua”). Pero la periodista no solo documentó los vínculos del PRI con el narcotráfico, sino que amplió su investigación a la estructura política del Partido Acción Nacional”.

Si como ha denunciado la organización Artículo 19, 7 de cada 10 agresiones en contra de periodistas en México son perpetradas por agentes del Estado, ¿cómo aceptar que funcionarios públicos hagan prevalecer la narrativa oficial sobre los asesinatos de periodistas? Según una nota de la agencia EFE, desde su creación en 2010, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión sólo se ha ocupado de 48 casos y ha logrado apenas tres sentencias. Como afirma Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 en México y Centroamérica, “el estado no se quiere investigar a sí mismo”.

Desde luego que en el caso de Miroslava Breach probablemente están involucrados delincuentes que actúan en complicidad con autoridades estatales, pero en parte el problema está en entender por “complicidad” un sentido de superioridad desde el cual el “crimen organizado” corrompe e incluso controla a las autoridades. El 17 de abril, el gobernador Corral afirmó que ya se había “detectado al autor material, copartícipes, y por supuesto al autor intelectual” del crimen. La exterioridad política que supone la identidad de esos supuestos “autores” del crimen ya implica la misma narrativa que separa convenientemente a “ellos” (los “malosos”, diría Vicente Fox) de “nosotros” (la clase gobernante).

Ahora bien, hay otro nivel de violencia en contra de los periodistas que debe señalarse. En un comunicado dado a conocer el mismo día del asesinato de Breach y firmado por comunicadores y organizaciones periodísticas (entre ellas Artículo 19 y PEN México), se denuncia con razón y firmeza la impunidad y el clima de hostilidad que confrontan los periodistas mexicanos día con día.

Veo en este punto, sin embargo, dos problemas. El primero es de índole política. Dice el comunicado: “Exigimos de las autoridades un cambio completo de actitud, que pasen de la negligencia o la complicidad a un compromiso verdadero”. Esta línea me recuerda al momento en que Javier Sicilia se reunió con el presidente Felipe Calderón para exigir justicia en la supuesta “guerra contra el narco”. Pero ¿no es ingenuo exigir “un cambio completo de actitud” a quienes son los principales causantes de la violencia en contra de periodistas?

El segundo problema es de orden gremial. Casi nadie habla de ello públicamente, pero quienes han trabajado en una redacción en México o han trabajado como colaboradores freelance lo saben: la primera experiencia de violencia sistémica en contra de periodistas viene de los propios medios de comunicación. Se pagan sueldos miserables y con mínimas o nulas prestaciones, si es que el reportero tiene la “suerte” de ser empleado de tiempo completo. Si lo hace por su cuenta, el reportero se ve obligado a aceptar honorarios indignos de su trabajo a cambio de arriesgados esfuerzos de investigación. Alguna vez un colega me comentó haber escuchado a un editor de un medio establecido ningunear a los reporteros “muertos de hambre” que pretenden cobrar más de lo que se acostumbra pagar por un reportaje. Eso sí: cuando la tragedia alcanza a un reportero, los medios de comunicación salen prestos a exigir justicia por el asesinato de un colega que en vida forzaron a malbaratar su trabajo en condiciones deplorables.

En suma: a los reporteros los victimiza principalmente el estado y con frecuencia los mismos medios de comunicación que sin un verdadero respeto al valor de la información que reciben explotan su trabajo. Para confrontar esta situación no basta con tender alianzas solidarias entre reporteros, con redes de apoyo y protección necesarias, pero insuficientes. Tampoco pueden los reporteros asumir una vocación activista y convertirse en derechohumanistas de medio tiempo. Mucho menos deben creer con voluntarismo que su trabajo puede traer esperanza a la sociedad o a ellos mismos.

Algunos reporteros se preguntan qué pueden entonces hacer. Lo de siempre: reportear, periodismo de investigación inteligente. Como dice el gran Seymour Hersh: hacer que la versión oficial y la verdad se acerquen lo más posible. Y en el camino, reclamar su fuerza, su crucial relevancia y su dignidad no ante el “crimen organizado” sino ante el estado y ante ellos mismos.

 

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*Oswaldo Zavala es periodista y profesor en The College of Staten Island y en The Graduate Center, City University of New York (CUNY).

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