Por Héctor de Mauleón

Fue hace poco más de un año. Pedro Tamayo Rosas fue atacado a tiros a las puertas de su casa, en Tierra Blanca, Veracruz. Su esposa y sus dos hijos lo vieron morir.

Era editor de La Voz de Tierra Blanca. En junio del 2014 se había dedicado a investigar el hallazgo de varias fosas clandestinas en las que se exhumaron los restos de 35 personas, presuntamente ejecutadas por los Zetas.

Su trabajo periodístico desató una serie de amenazas que lo obligaron a desplazarse ante el temor de que su vida estuviera en riesgo. La Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas de Veracruz le otorgó diversas medidas cautelares. Tamayo Rosas fue “reubicado” en otro estado y sometido a vigilancia policial.

Un colega suyo relató más tarde que el periodista creyó que todo habría de normalizarse cuando se hicieran públicas las amenazas.

Le dijo que esto “iba a bajar sin duda la tensión”. Unos meses más tarde decidió volver a Tierra Blanca.

La vigilancia policial se limitó entonces a la realización de rondines frente a su casa y a un monitoreo por vía telefónica.

Artículo 19 ha documentado el cúmulo de información que se hallaba en poder de las fuerzas de seguridad basadas en Tierra Blanca, y que indicaba el alto nivel de riesgo en que se hallaba el periodista.

La Policía recabó casquillos de 9 milímetros en el lugar de los hechos y obtuvo en los primeros minutos las características del vehículo que los agresores emplearon durante su huida. La mujer de Tamayo les dijo:

“Agárrenlos, ellos fueron los que le dispararon”.

Los agentes no hicieron nada. La viuda los denunció a estos policías ante las autoridades. Comenzó entonces un segundo horror. Tras el asesinato, la familia recibió varias llamadas amenazantes.

A la esposa de Tamayo le dijeron que si no quitaba las denuncias contra los policías, se la iba “a cargar la madre”. Luego, una tarde, quemaron su domicilio. Las autoridades le han negado hasta la fecha todo acceso a la carpeta de investigación.

En Veracruz sucedió un cambio de administración —huyó el priista Javier Duarte, llegó el panista Miguel Ángel Yunes—, pero el caso no avanzó: a los deudos de Tamayo se les ha negado el derecho a la justicia.

La Fiscalía General ha sido incapaz de concluir la investigación. Investiga a paso de tortuga a los agentes que incumplieron con su deber, pero no el homicidio de Pedro Tamayo.

 

*Héctor de Mauleón es periodista y escritor. Premio PEN México a la excelencia periodística 2011.

*Este texto fue publicado en el periódico El Universal el 21 de agosto de 2017.

 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s