Por Luis Cardona

La libertad de expresión en México tiene un límite, y el Estado lo impone. Si lo rebasas provocas una orden para asesinarte, agredirte, amenazarte, desaparecerte o correrte del medio para el que trabajas.

Vivimos en un país sin moral, con un gobierno federal indolente, un estado dirigido por la mafia, donde el pueblo no tiene forma de manejar su destino.

Ser periodista en México no significa nada. Su labor está desacreditada ante la sociedad, a causa del sometimiento editorial de las empresas informativas, que en su mayoría viven del presupuesto gubernamental en sus tres concepciones constitucionales.

Los presupuestos de los gobiernos federales, estatales y municipales están abiertos con el objetivo de comprar conciencias de medios de información. Tanto los congresos legislativos locales como el Congreso de la Unión, autorizan el gasto para compra de publicidad mediática, por lo regular, con manga ancha.

Un ejemplo es el gobierno de César Duarte (gobernador Chihuahua 2000-2016), que pagaba millones a empresas periodísticas para que voltearan a otro lado mientras el exgobernador, y al menos cincuenta de sus colaboradores, desviaban recursos a empresas fantasmas.

El grupo chihuahuense más fuerte en penetración periodística impresa recibió al menos 548 millones de pesos del gobierno de Duarte, y en sus páginas jamás apareció un reportaje de fondo sobre las finanzas públicas estatales.

La omisión fue, sin duda alguna, el sometimiento a la política de avestruz que imponía César Duarte. A cambio de esa información, se privilegiaban las fiestas con Juan Gabriel, y las vistas de Lolita Ayala a los ranchos del Gobernador, en naves del Estado.

“La lucha por la libertad de expresión debe leerse en nuestros reportajes, debe sentirse en nuestros textos, en nuestro compromiso por cimbrar estructuras.”

Por culpa de prácticas como ésta, la credibilidad de decenas de periodistas colaboradores de esa empresa, sufrieron la descalificación ciudadana, sobre todo en redes sociales, donde marcaban la tendencia a ocultar la rendición de cuentas y la transparencia.  Esto es un ejemplo de cómo las empresas pueden doblegar la confianza ciudadana en el periodista.

De igual manera, las empresas, al no recibir el cobijo presupuestal del Estado, bajan los sueldos, no hay posibilidad de incrementar prestaciones e infunden miedo en sus empleados con la premisa de que “no nos pagan la publicidad oficial”. Entonces, el periodista que labora en esa empresa, es instruido en la práctica de informaciones sesgadas, manipuladas y mal intencionadas con tal de golpear a ese gobierno que no les dio recursos. Este golpeteo ficticio hace que la percepción ciudadana cambie y se desacredite cualquier acción periodística.

Cuando los ciudadanos se expresan libremente en las redes sociales, alimentan el discurso de odio en contra, no de las empresas, sino de los periodistas quienes firman las notas.

Evidentemente, no todos los medios caen en estas prácticas, como Ríodoce, de Sinaloa, que no se ha doblegado al discurso oficial. Practicar la libertad de expresión, le ha costado hace algunos meses la vida de la cabeza principal, Javier Valdez, dignísimo ejemplo del periodismo de investigación mexicano.

El asesinato de Valdez ha sido un golpe más del Estado al periodismo crítico, urgido de respuestas, de ese periodismo que cuestiona, que se siente; ese periodismo con el que el pueblo vibra y ejerce su libertad a ser informado.

Ése es el problema en México.

En este país reina la impunidad y asesinan bajo su manto a los periodistas de vocación, a los de convicción, a los que van más allá de las cortinas de humo; a quienes escarban hasta el fondo y demuestran la realidad, en trabajos documentados, los procesos de esa corrupción indigna que promueven la mayoría de los gobiernos mexicanos.

La libertad de expresión va más allá de fechas que se festejan en el calendario. Incluso va más allá de la protesta por la agresión del Estado, de la comunión entre periodistas protestando en El Ángel de la Independencia, en la Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Gobernación o en las redes sociales.

La lucha por la libertad de expresión debe leerse en nuestros reportajes, debe sentirse en nuestros textos, en nuestro compromiso por cimbrar estructuras. La lucha por la libertad de expresión es el derecho al trabajo, ese artículo constitucional que nos protege como trabajadores. La lucha por la libertad de expresión no es sólo el diseño de mi muro en Facebook, o en Twitter. La lucha por la libertad de expresión no se da cada que un compañero periodista es asesinado, y gritamos y mentamos madres. Nuestra lucha por conservar nuestra libertad de expresión no se frena con el temor que implica el compañero muerto, va más allá, porque entonces con más fuerza debemos responder.

En la lucha, es inevitable contemplar los protocolos de seguridad y exigir al gobierno respeto por nuestra profesión. Sin embargo, no habrá botón de pánico o escolta que te salve de morir cuando la orden de asesinarte se da.

México es un país donde la reina la impunidad, mientras la impunidad gobierne, la libertad de expresión seguirá manchándose de sangre.

El hecho de que Enrique Peña Nieto guarde un minuto de silencio y ordene más dinero para los mecanismos de protección no resuelve nada. Mientras, afuera de Los Pinos, los sicarios esperan la orden de asesinar al próximo periodista incómodo.

*Luis Cardona, periodista secuestrado en 2012, en Chihuahua. Director fundador de diario19.com

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