Por Norma Trujillo Báez

Desde lejos, leía los encabezados en los diarios: “Asesinan a periodista”. Sumaban siete los homicidios a colegas, y ante los ojos de todos parecía que nada pasaba, era frecuente escuchar: “Es que publican nota policiaca”; otros compañeros argumentaban para justificarse que “se llevaba con los malosos…”, pero el 28 de abril del 2012, el crimen de Regina Martínez, me cimbró, me indicó que no importa en dónde viven los periodistas ni las informaciones que reportan. Tampoco importa el medio de comunicación para el que trabajan. Ella murió estrangulada, y a otros colegas, las balas los privaron de la vida.

Los temas que llegamos a “reportear” Regina y yo me hacían dudar de si debía seguir o autocensurarme, me atemorizaba ser la reportera incómoda. El miedo intentaba invadirme. Sin embargo, otra parte de mí decía: “¿Por qué el silencio?”. ¿Por qué no decir nada cuando habían asesinado a una colega y amiga?, ¿acaso se tendría que paralizar la información y aceptar la versión del gobernador Javier Duarte, que afirmaba: “no pasa nada”? Vale decir que, en aquellos años, los índices de desaparecidos ya eran altos, el crimen organizado ya estaba ahí, con ejecuciones, persecuciones, balaceras; estaba ahí, en donde ya se prefiguraba que no había una línea divisoria entre gobierno y ellos. Antes, esa información era clasificada como “policiaca”, “nota roja” y eventualmente se publicaba aislada, en cualquier página o esquina de los diarios, pero que quienes escribíamos temas relativos a derechos humanos no imaginábamos las dimensiones que había detrás del reporte de un crimen.

“¿Por qué el silencio?,  ¿por qué no decir nada cuando habían asesinado a una colega y amiga?”

 

Todas esas dudas, que transitaban entre el miedo y la ética, no me inmovilizaban pero al mismo tiempo me inquietaban hasta que no pude dejar de callar.

El dolor y el coraje por la muerte de Regina hizo que tomara la iniciativa para redactar una carta pública al entonces presidente Felipe Calderón y al gobernador Javier Duarte, exigiendo justicia para la corresponsal de la revista Proceso, pero también por todos aquellos colegas ejecutados, en ocasiones encontrados en bolsas negras de plástico, cortados en pedazos y dejados en lugares públicos con nuevas amenazas y desafíos al Estado y a los carteles rivales.

La indiferencia de las autoridades y de los propios empresarios de los medios de comunicación, nos obligó a escalar el grito: los reporteros salimos a la calle a manifestar nuestro rechazo.

Con ese coraje por la omisión de los gobernantes, un puñado de reporteros que, dicho sea de paso, éramos mal vistos por la gran mayoría del gremio, empezamos a salir a las calles a reclamar, pero el reclamo no sólo reflejaba nuestra exigencia de justicia ante los crímenes de mis compañeros, sino también señalaba que estábamos en un problema.

Nos encontrábamos sumidos entre el arrebato de la vida como una forma de amedrentar la libre expresión y promover la autocensura. Todo olía a sangre. Veracruz podría quedar en el silencio, como le pasó al estado vecino de Tamaulipas, en donde se dejó de informar sobre los crímenes de los cárteles, porque atrás de un simple robo a una vivienda podía estar la delincuencia organizada.

“Al retratar a toda esa gente que salió a las calles inconforme, generó nuevas amenazas en mi contra.”

Alzar nuestra voz hizo que la vocera del gobierno de Duarte de Ochoa afirmara que la convocatoria del puñado de inconformes a no festejar el 7 de junio de ese mismo año –día de la libertad de expresión en México–, y en su lugar manifestarnos como protesta por los diez asesinatos que habían ocurrido hasta ese momento, sin haber ningún responsable por esos crímenes, se trataba de “un boicot contra el gobernador”.

A partir de ese momento comenzó un hostigamiento estatal hacia mí: dos policías vestidos de civil, pero armados, comenzaron a perseguirme para entregarme en la calle, frente al Palacio de Gobierno, y no en mi domicilio o en las oficinas del periódico donde trabajo, un citatorio de la Procuraduría General del Estado. El oficio era un citatorio para presentarme como “testigo” del crimen de Regina.

Luego le siguieron los actores políticos, afines al partido gobernante y a su gobernador en turno, quienes comenzaron a negarme entrevistas y a desmentir, sin pruebas, mis escritos periodísticos. La reforma educativa ya impulsada por el actual presidente Enrique Peña Nieto generó protestas en los profesores afectados, la orden era minimizar la protesta en los medios de comunicación, pues la “reforma estructural” del PRI era incuestionable (como en los viejos tiempos), pero mientras las reformas se dictaban en las élites políticas, 20 mil maestros salieron a las calles a protestar. Una gran parte de medios de comunicación evitaba publicar las fotos multitudinarias y manipulaba los datos para reportar sólo 100 manifestantes. Al retratar a toda esa gente que salió a las calles inconforme, generó nuevas amenazas en mi contra.

“Nos encontrábamos sumidos entre el arrebato de la vida como una forma de amedrentar la libre expresión y promover la autocensura. Todo olía a sangre.”

Lo mismo ocurre con los temas de los proyectos de las trasnacionales, que buscan el oro en minas a cielo abierto, la instalación de plantas hidroeléctricas sobre ríos que abastecen de agua a cientos de comunidades o la extracción del petróleo con la técnica del fracking, temas cuya investigación también conllevan un riesgo, pues el crimen organizado es usado para amedrentar a las comunidades y eliminar a las oposiciones; es decir, no sólo hay riesgo en la nota policiaca, aquella que encuentra fosas clandestinas con decenas de cuerpos humanos, ejecutados por el crimen, o las historia de vida de los desaparecidos en donde ha estado involucrada la policía estatal, o el secuestro grupal de jóvenes como el caso de los cinco de Tierra Blanca en 2016, o el publicar trabajos de investigación de corrupción, enriquecimiento ilícito de autoridades, el desvío de recursos para apoyar a los candidatos a los cargos de elección popular que han llevado a un incremento exponencial de la deuda pública de Veracruz…

Con todo, el silencio cómplice, el consentimiento de esas prácticas políticas de corrupción de casi todos los medios de comunicación, generó la paradoja del riesgo: unos cuantos crecimos en credibilidad y fortaleza en una sociedad que se sorprendía que las historias que ellos protagonizaban no se reflejaban en los noticieros que acostumbraban ver, pero voltearon su mirada a quienes hacíamos crónicas y seguíamos con puntualidad los hechos que ocurrían en las calles.

Esa realidad que abrazaba a Veracruz la expusimos unos cuantos, arriesgándonos ante  los funcionarios del gabinete estatal, ante empresas trasnacionales y se fue un gobierno, llegó la alternancia, pero también con esa alternancia llegaron estrategias ya conocidas para infundir el miedo, las expresiones en contra de periodistas son semejantes a las de Javier Duarte.

 

 

*Norma Trujillo es reportera para La Jornada Veracruz.

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