Por Gerardo Albarrán de Alba*

Premio PEN México 2018

Benjamín Galván Gómez, dueño de los periódicos Primera Hora Última Hora de Nuevo Laredo, Tamaulipas, salió poco antes de las diez de la noche de las instalaciones de sus medios. Era el 27 de febrero. Horas después, encontraron su coche abandonado en el estacionamiento de un comercio. Su esposa denunció la desaparición y, desde entonces, reinó el silencio.

Galván Gómez heredó los periódicos de sus padres, pero lo suyo era la política. Priísta él, hacía cinco meses que había terminado su gestión como alcalde del citado municipio fronterizo con Estados Unidos, uno de los más violentos en todo el país: tan solo en 2012, el primero de sus tres años de Administración, los sicarios depositaron 14 cadáveres frente a la alcaldía y estallaron tres coches bomba. Dos jefes de la policía municipal fueron asesinados. La constante fueron las amenazas del cártel de Sinaloa.

Un mes después, el cadáver decapitado del exalcalde fue localizado en el municipio de García, en el vecino estado de Nuevo León. A su lado, el cuerpo sin vida del empresario Miguel Ángel Ortiz, con quien supuestamente cruzaría la frontera para ir a Laredo, Texas.

La noticia apenas circuló en algunos diarios de la capital del país, porque en Tamaulipas ni siquiera los periódicos propiedad del exalcalde asesinado dieron la nota.

Casos de autocensura de este tamaño no son extraños en Tamaulipas, y empiezan a ser comunes en otros estados del país. En los últimos años, tres periódicos se han visto obligados a callar públicamente. El más reciente fue Zócalo, de Saltillo, en el estado de Coahuila. En un editorial publicado el 11 de marzo de 2013, el diario anunció: “En virtud de que no existen garantías ni seguridad para el ejercicio pleno del periodismo, el Consejo Editorial de los periódicos Zócalo decidió, a partir de esta fecha, abstenerse de publicar toda información relacionada con el crimen organizado. Nuestro compromiso es redoblar esfuerzos para superar la calidad informativa y mantener una línea de objetividad e imparcialidad. La decisión de suspender toda información relacionada con el crimen organizado se fundamenta en nuestra responsabilidad de velar por la integridad y seguridad de más de 1.000 trabajadores, sus familias y la nuestra. Hacemos votos porque la auténtica paz reine pronto en nuestra querida patria”.

Otros dos periódicos asumieron públicamente la autocensura: El Diario de Juárez, en el estado de Chihuahua, y El Mañana, de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, que también han publicado sendos editoriales anunciando a sus lectores su renuncia a seguir informando sobre el crimen organizado, después de que cada uno de estos diarios sufriera amenazas y ataques repetidos a reporteros, instalaciones y directivos. En el caso de El Mañana, ni eso evitó nuevos atentados con armas pesadas contra sus oficinas.

Y como esos periódicos, muchos otros medios en estados tanto o más conflictivos están sumidos en el silencio tácito.

En Michoacán, por ejemplo, donde Felipe Calderón inició su “guerra” contra el narcotráfico en 2006, los periódicos más importantes oscilan entre una prudencia paralizante y la autocensura: “Cállense el hocico” es la instrucción –literal– que hace unos meses recibieron los editores de uno de los principales periódicos del estado sobre la cobertura informativa de todo lo que tenga que ver con la verdadera guerra que se libra aquí entre grupos criminales y la propia sociedad civil organizada en autodefensas, ante la ineficacia e impotencia gubernamental. La violencia contra periodistas se ha extendido más allá de los medios tradicionales y ha alcanzado a portales de noticias en internet. Un caso emblemático, por la saña con que fue cometido, es el asesinato de Jaime Guadalupe González Domínguez, reportero y director del portal informativo OjinagaNoticias, en el estado de Chihuahua. La tarde del 3 de marzo del año pasado, González Domínguez fue acribillado en su automóvil. Recibió 18 balazos. Como consecuencia, el resto de los colaboradores del portal decidieron cerrarlo al día siguiente.

Con anterioridad a una visita a México del presidente de Francia, François Hollande, el 10 y 11 de abril, Reporteros Sin Fronteras (RSF) le solicitó abordar el tema de la seguridad de los periodistas y la impunidad en que permanecen los crímenes perpetrados contra ellos. “La impunidad que reina en México se debe en parte a que el crimen organizado y ciertas autoridades políticas y administrativas, con frecuencia corruptas, se encuentran coludidos; los cárteles se han infiltrado en todos los niveles del poder en el país. Los procesos emprendidos para esclarecer estos crímenes a menudo se cierran apresuradamente o se ven frenados por la lentitud burocrática. Peor aún, las autoridades tienden lamentablemente a descartar de entrada que el móvil del crimen estuviera relacionado con la actividad profesional de la víctima, acusando a los mismos periodistas de tener nexos con el crimen organizado”, se podía leer en la carta que la organización con sede en París envió al presidente galo.

La preocupación de RSF no es gratuita. La cultura de la impunidad en México se traduce en una doble tragedia: apatía y escepticismo ante el asesinato de un periodista. La sociedad se instala en la indiferencia, mientras los reclamos de justicia se diluyen en la certeza de que nadie será castigado por ello. Aún así, no deja de reclamarse que el Gobierno cumpla con su función, como lo hizo el Colegio de Periodistas de Chihuahua, que exigió la investigación y esclarecimiento de 18 asesinatos de periodistas en ese estado en poco más de una década.

En su carta al presidente Hollande, RSF resaltó los casos emblemáticos de Regina Martínez, estrangulada en su casa en Xalapa, Veracruz, el 28 de abril de 2012; Alberto López Bello, asesinado el 17 de julio de 2013 en Oaxaca, y Gregorio Jiménez de la Cruz, secuestrado el 5 de febrero de 2014 en Coatzacoalcos, Veracruz, y ejecutado posteriormente.

Los asesinatos de Regina Martínez y Gregorio Jiménez han provocado varias movilizaciones de periodistas para exigir el esclarecimiento de estos crímenes, pero también gestos de compromiso y solidaridad mediante misiones de investigación en campo para recabar información sobre estos asesinatos. El 20 de marzo pasado, una misión de periodistas y organizaciones sociales entregó a la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Catalina Botero, el informe de resultados de la visita realizada a Coatzacoalcos y Xalapa.

En un acto sin precedentes, casi un centenar de fotógrafos donó obra impresa y enmarcada para una subasta a beneficio de la viuda e hijos de Gregorio Jiménez, quien trabajaba a destajo en dos periódicos que le pagaban 20 pesos por nota publicada, algo así como 1,12 euros. La subasta recaudó 131.570 pesos (unos 7.382 euros y algunos céntimos), equivalente a cuatro años y medio de trabajo, a un ritmo de cuatro notas diarias, sin un solo día de descanso.

A juicio de Frank La Rue, relator especial de Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Expresión y Opinión, en México es difícil hacer que las autoridades y la sociedad entiendan la necesidad de proteger a los periodistas y la urgencia de poner fin a la impunidad que alienta la violencia en su contra.

Justo mientras redactaba este informe, el reportero Jorge Torres Palacios fue secuestrado por un comando armado, el 29 de mayo, cuando llegaba a su domicilio en un barrio de Acapulco, en el estado de Guerrero. La prensa local y colegas en varias ciudades del país exigieron a las autoridades investigar el hecho, aunque no hubo mayor coordinación entre corporaciones policiacas estatales y federales. Tres días después, el cadáver de Torres Palacios apareció dentro de una bolsa, decapitado y semienterrado en una fosa en un terreno baldío.

Este caso ilustra la complejidad de los crímenes contra periodistas en México. Torres Palacios y su familia se vieron envueltos en un incidente en enero de 2001, cuando fueron atacados por hombres armados. El padre, el hermano y un primo del periodista murieron en el enfrentamiento, en el que habrían devuelto el fuego. El propio reportero y otros dos de sus hermanos resultaron heridos. Algunos de sus propios colegas atribuyeron esos asesinatos a la supuesta participación del reportero en el crimen organizado. Después de esos hechos, Torres Palacios se apartó de la actividad periodística; actualmente, llevaba la vocería de una institución de salud municipal, pero publicaba columnas de opinión bajo un seudónimo. Tras ser secuestrado, las propias autoridades trataron de desvincularlo completamente del periodismo.

Este crimen provocó nuevamente movilizaciones de periodistas que coincidieron con una efeméride infame: el 7 de junio, llamado “Día de la libertad de prensa”, que en realidad exhibe el sometimiento de los medios mexicanos al poder político. Ese día, en 1951, los dueños y directores de medios de comunicación ofrecieron una comida de homenaje al entonces presidente Miguel Alemán. Ahora, los periodistas de Guerrero señalaron la aún vigente “red de complicidades entre las empresas periodísticas y el Gobierno” y llamaron a “no recordar más esta fecha ominosa”.

Días antes, durante los funerales de Torres Palacios y manifestaciones de protesta por este crimen, una consigna resumió la postura que muchos periodistas mexicanos están adoptando para enfrentar el creciente riesgo y para enviar un mensaje a los enemigos de la prensa en México: “No nos pueden matar a todos”.

Preocupación internacional
La ineficacia del Estado mexicano para investigar y castigar los crímenes contra la prensa se traduce en una impunidad institucionalizada que genera una ciudadanía desinformada y la deja inerme ante la sistemática violación de derechos humanos, un fenómeno que ya ha sido resaltado en un informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, resultado de la visita oficial a México del relator especial Christof Heyns del 22 de abril al 2 de mayo de 2013.

La violencia contra la prensa en México no puede entenderse fuera de un contexto mucho más amplio, el de un Estado fallido, según algunos analistas. Más allá de esta controvertible hipótesis, amplias zonas del país están bajo control directo de grupos del crimen organizado que han sustituido a las diversas instancias de Gobierno. A partir de la guerra contra el narcotráfico declarada durante la Administración del panista Felipe Calderón (2006-2012), que dejó un saldo de más de 80.000 muertos, la violencia desatada en el país no desciende. En los primeros 16 meses de la Administración del priísta Enrique Peña Nieto, se produjeron ya 24.370 asesinatos, de acuerdo con cifras oficiales.

De hecho, el segundo Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de octubre de 2013 arrojó 176 recomendaciones a México, de las cuales 26 son explícitas sobre periodistas y defensores de derechos humanos y el recientemente creado mecanismo de protección para ellos, que no acaba de consolidarse y se mantiene en una crisis permanente de credibilidad.

Human Rights Watch sostiene que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se “debilitó gravemente por la falta de fondos y de apoyo político de todos los niveles de gobierno”. Para Freedom House, los periodistas y las personas defensoras de derechos humanos que buscaron evaluaciones de riesgo y medidas de protección se enfrentaron a largas demoras y medidas de protección inadecuadas. Solo unos pocos se beneficiaron “parcialmente” de este programa.

La crisis de seguridad que vive México, la descomposición social y la ausencia de Estado de derecho quedó registrada en el EPU con 2.433 casos de desapariciones forzadas en México desde 2009, las cuales contrastan dramáticamente con los 2.100 casos registrados durante toda la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile, según datos proporcionados por Javier Hernández Valencia, representante en México de la Oficina del Acnudh.

México y Centroamérica, como subregión, son la zona con mayor desigualdad en el mundo y ocupan el segundo lugar mundial en violencia con 26 asesinatos por cada 100.000 habitantes, solamente superados por el triángulo que forman Namibia, Botsuana, Zimbabue, Mozambique, Suazilandia, Lesoto y Sudáfrica. La violación de derechos humanos en México incluye 4.841 casos de tortura denunciados y 9.758 casos de migrantes y transmigrantes secuestrados. De estos, 158 casos son colectivos, con no menos de 50 víctimas cada uno.

La violencia en México es endémica y preocupa a las potencias mundiales y a toda Latinoamérica, según el diagnóstico que Hernández Valencia presentó ante funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, así como académicos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil durante un seminario sobre libertad de prensa organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) el 8 de mayo último. El representante del Acnudh resaltó que un total de 87 Estados examinaron a México. Incluso, intervinieron 33 de los 47 países miembros del Consejo, además de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.

De las 26 recomendaciones sobre periodistas y defensores de derechos humanos, 17 fueron hechas por Estados miembros de la Unión Europea y otras dos fueron planteadas por Estados Unidos y Canadá.

La constante en las preocupaciones internacionales sobre México es el clima de impunidad que se ha convertido en un círculo vicioso, pues resulta un estímulo para un incremento de la violencia.

México ha sido exhibido internacionalmente desde el pasado mes de febrero por organismos independientes internacionales en los informes sobre libertad de prensa de Artículo 19, el Comité para la Protección de los Periodistas, Freedom House y Reporteros Sin Fronteras, los cuales se corresponden además con el informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA de abril pasado, que registró tres periodistas asesinados y un desaparecido, además de decenas de casos de agresiones contra medios de comunicación, reporteros y fotógrafos.

Las agresiones contra la prensa han tocado incluso a la corresponsal de Reporteros Sin Fronteras en México, Balbina Flores, quien recibió amenazas telefónicas justo un mes después de que la organización ubicara a México en el lugar 152 de 180 países en su clasificación mundial de libertad de prensa.

La crisis de seguridad ha alcanzado niveles que la hacen insoslayable, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República lo reconocen sin ambages. “México vive la quiebra de la eficacia del Estado entre la creación, implementación y aplicación de las leyes”, acepta el director general de Política Pública en Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Sepúlveda Iguiniz.

Para la fiscal especial de la Feadle, Laura Borbolla Moreno, la violencia en México tomó desprevenidos a todos. “Ninguno estaba preparado para esto. Ni los periodistas para cubrirlo, ni las autoridades para investigar, ni los policías para graduar las medidas represivas”, reconoció en el seminario realizado por el Inacipe. Según ella, son las autoridades municipales, en especial sus policías, las más señaladas como responsables de atentar contra periodistas.

Ahí mismo, el relator especial de la ONU Frank La Rue advirtió que “la violación sistemática de la libertad de prensa tiene consecuencias graves para la paz, la seguridad y la justicia de una nación”. En el caso mexicano, “hay una curva ascendente de violencia contra la prensa que viene desde el crimen organizado o de las autoridades públicas nacionales, locales o estatales”, que incluso se refleja en un incremento de la violencia sexual contra mujeres periodistas.

Danza de la muerte
La temporada de caza de periodistas está abierta en México desde hace casi una década. No existe una cuenta precisa. El número de muertos, desaparecidos y amenazados varía de acuerdo con los criterios que emplea cada organización que registra estos casos. Muchos estiman una “cifra negra” de casos no denunciados igual o superior a aquellos que sí son del conocimiento de las autoridades y de la sociedad. El silencio de víctimas y familiares es el fuerte eco de la impunidad.

Lo que hay es una “numeralia” esquizofrénica, con picos que se disparan de acuerdo con metodologías no siempre comprensibles. Pero estas cifras son nada más el efecto; las causas subyacentes permanecen lejos de la vista de la sociedad mexicana y se encuentran sepultadas por la coyuntura y los escándalos cotidianos, alejándolos de la agenda pública.

La aparente discrepancia entre organizaciones e instituciones es aritmética, pero todas coinciden en la gravedad de los hechos y en la dimensión que alcanzan para la vida social, política y económica de México.

En cualquier caso, los datos duros son dramáticos. Según la CNDH, las agresiones a periodistas se triplicaron entre 2001 y 2013 en comparación con la década anterior: 85 asesinatos, 20 desapariciones y casi medio centenar de ataques a instalaciones de medios. La propia CNDH sabe que la cifra negra es indudablemente mayor “si se toma en consideración aquellos casos registrados por las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, además de los que no se denuncian”, tal y como lo estableció en la recomendación general número 20 sobre agravios a periodistas “y la impunidad imperante”, difundida en agosto de 2013.

Por su parte, la Feadle anotó 102 asesinatos de periodistas entre enero de 2000 y marzo de 2014, aunque solo se iniciaron 45 indagatorias por homicidio a partir de julio de 2010. Esta fiscalía tiene un registro de 24 periodistas desaparecidos desde enero de 2005. Desde la plena vigencia de la federalización de los delitos contra la prensa y la libertad de expresión, el 4 de mayo de 2013, la Feadle atrajo apenas 17 casos de nueve estados del país. Y de un total de 449 averiguaciones previas iniciadas por la fiscalía, solo 84 han sido concluidas. De estas últimas, en 69 casos no pasó nada y apenas en 15 se determinó el ejercicio de la acción penal.

No en balde, la CNDH registró una elevada tasa de impunidad imperante en los crímenes cometidos contra la prensa: en todo el país, de 145 homicidios, desapariciones y atentados, solamente 14 terminaron en una sentencia condenatoria, lo que significa que algo más del 90 % de los casos permanecen sin solución, principalmente por la ineficacia de las autoridades y sus deficientes investigaciones. Esto implica una doble victimización de periodistas asesinados, desaparecidos, agredidos y amenazados, porque “cuando no opera adecuadamente la procuración de justicia, es el propio sistema el que los agravia” ante la negativa fáctica de acceso a la justicia.

Por si fuera poco, según la CNDH, el actor principal de las agresiones contra los medios son funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno, aunque atribuye al crimen organizado la mayor parte de las desapariciones y asesinatos de reporteros, fotógrafos y editores.

El panorama es aún peor cuando son organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad internacional las que evalúan el estado de la libertad de prensa en México. Los datos son espeluznantes: en este país se agrede a un periodista cada 26 horas y media, según la oficina en México de Artículo 19.

Tan solo durante 2013, la oficina en México de esta organización con sede en Londres documentó 330 agresiones “de todo tipo” contra periodistas, trabajadores de la prensa e instalaciones de medios, lo que representa un incremento del 59 % en relación con el año anterior. En su informe de 2013, las agresiones contra personas (la mayoría reporteros y fotógrafos, seguidos por directivos) representaron el 90 % de los casos; el resto fueron ataques a instalaciones de medios. Cuando se pudo identificar al perpetrador, se documentó que seis de cada diez periodistas fueron agredidos por algún funcionario público. Sin embargo, los asesinatos son cometidos en tres de cada cuatro casos por el crimen organizado.

Artículo 19 sumó 76 periodistas mexicanos asesinados entre 2000 y 2013, y otros 16 se encuentran desaparecidos desde 2003¹, y solamente en el primer trimestre de este 2014 anotó 66 ataques a la prensa: 23 agresiones físicas a comunicadores, 19 amenazas, nueve intimidaciones, ocho actos de hostigamiento judicial, cinco detenciones arbitrarias, un asesinato y una denuncia por difamación. En el 59 % de los casos responsabilizó a servidores públicos, muchos de ellos en el estado de Veracruz, donde han sido asesinados diez periodistas desde enero de 2011.

Con una metodología radicalmente distinta, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) registró 70 periodistas asesinados en México entre 1994 y el primer trimestre de 2014, además de cuatro casos mortales de trabajadores de medios, tres de ellos en el mismo atentado. Los motivos en 30 casos están confirmados como represalia por su trabajo o relacionados con coberturas de alto riesgo.

Esta organización con sede en Nueva York ha documentado 17 asesinatos de periodistas entre 2003 y lo que va de 2014, ninguno de ellos resuelto. De estos casos, por lo menos tres periodistas fueron muertos en 2013 en circunstancias no esclarecidas y ya va uno más en este año. En enero pasado desapareció un periodista en Veracruz y tres más debieron huir de sus lugares de residencia en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2012 y el 31 de mayo de 2013.

En su Índice Global de Impunidad 2014, difundido el 16 de abril pasado, el CPJ ubica a México en el séptimo lugar mundial, por segundo año consecutivo.

Un par de meses antes, Reporteros Sin Fronteras publicó su nueva Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa. Con 69 periodistas asesinados y otros once desaparecidos en la primera década de este siglo, y un registro de 44 periodistas asesinados desde 2004 hasta la fecha, RSF ubicó a México en el lugar 152 de entre 180 países, apenas un escalón más arriba de la valoración de 2013 pero tres por debajo de su posición en 2012.

Además, RSF seleccionó a tres periodistas mexicanos en su lista de 100 Héroes de la información, difundida con ocasión de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el pasado 3 de mayo. Coincide con el número de periodistas desaparecidos que incluyó en su balance de 2013, cuando también documentó el asesinato de dos periodistas.

En esa misma celebración del 3 de mayo, Freedom House anunció que México sigue siendo uno de los lugares más peligrosos y complicados en el mundo para el ejercicio del periodismo. En consecuencia, lo ubicó en el lugar 132 entre 197 países en materia de libertad de prensa y como una de las 66 naciones sin medios libres, clasificación que le otorga por tercer año consecutivo.

Para esta organización con sede en Washington, el problema en México va más allá de los ataques a la prensa: existe un diseño jurídico que coarta la libertad de expresión e institucionaliza la autocensura, pues se mantienen vigentes leyes penales contra la difamación en doce de los 32 estados del país, “y tanto los códigos penales como civiles son utilizados para intimidar a los periodistas”.

En el ámbito local, un grupo de reporteros mexicanos reunidos en el colectivo Periodistas de a Pie contabilizó 89 periodistas asesinados y 23 desaparecidos de enero de 2000 hasta la fecha, más cinco casos de periodistas que no ejercían el periodismo cuando fueron asesinados o desaparecidos y siete trabajadores de medios muertos en el mismo periodo. Y también 40 ataques a las instalaciones de medios por todo el país desde 2007.

Otro fenómeno creciente es el desplazamiento forzado de periodistas que deben huir de sus lugares de residencia por motivos de seguridad. Dentro del país, decenas de periodistas se han refugiado en otros estados, particularmente el Distrito Federal, con el apoyo de organizaciones como la Casa de los Derechos de Periodistas, Artículo 19 y Freedom House.

No existe un número confirmado de periodistas mexicanos exiliados, dice Freedom House, pero lo cierto es que hace más de tres lustros se inició el éxodo de reporteros hacia otros países, los menos con apoyo de sus propios medios que los enviaron como corresponsales a Estados Unidos o España, los más con apoyo de organizaciones internacionales.

A modo de conclusión
La intrincada realidad de la prensa mexicana incluye enormes asimetrías en el desarrollo de las empresas mediáticas, la profesionalización del gremio y el nivel deontológico de los periodistas, directivos e incluso dueños de los medios. La corrupción de reporteros, fotógrafos y editores, así como de muchos medios, son otro ingrediente de alto riesgo para el ejercicio profesional del periodismo y otro elemento que vulnera el derecho a la información de la sociedad.

Desde hace unos años, varios colegas trabajamos en elevar el nivel profesional del gremio, especialmente con cursos, talleres y seminarios de ética periodística, la cual debe considerarse como la primera medida de autoprotección de los periodistas. Ninguna nota vale una vida, eso es cierto, pero tenemos que aprender a administrar los riesgos inherentes de la profesión para sortear la autocensura o para no convertirnos en voceros del crimen organizado o agentes de la propaganda gubernamental.

El periodismo en México enfrenta hoy el reto de informar e investigar con rigor, precisión, ecuanimidad, prudencia y elevados estándares éticos. El contexto lo es todo para poder entender lo que ocurre. Sin embargo, los medios están plagados de noticias aisladas, fragmentadas. ¿Qué medio está contando la historia completa? Ninguno. Y lo que no se narra no existe. La falta de atención es una forma de disimular la autocensura, si no se trata directamente de complicidad con el Gobierno para sacar de la agenda pública una guerra no convencional. Para muchos en el poder es preferible una cobertura anecdótica, reactiva, si acaso limitada básicamente al recuento de muertos por todo el país que incluye los del propio gremio.

El imperio de la violencia en México no se explica solamente por la disputa del control del crimen organizado, o por la represión legítima del Estado, o por la corrupción que envuelve todo, sino por la impunidad que le caracteriza. Para la sociedad en general, y particularmente en el caso de los crímenes contra periodistas, la impunidad es una doble victimización: al agravio de la agresión se suma el silencio o, aún peor, la desacreditación de la víctima mediante la sospecha difamatoria.

Pese a esta práctica generalizada en las supuestas investigaciones de asesinatos de periodistas –en los que las autoridades se apresuran a especular públicamente sobre robos y asaltos comunes, o bien motivos personales, familiares, amorosos, sexuales o de franca corrupción y vinculación con algún cártel del narcotráfico–, lo cierto es que la ineficacia investigativa obliga a la generalización: mientras no se sepa a ciencia cierta por qué mataron a un periodista, en todos los casos queda la sospecha de que fue por el ejercicio de su profesión.

“La hipótesis inicial al investigar ataques contra un periodista debe ser su trabajo. Que sea la investigación la que demuestre lo contrario, no al revés”, sintetizó Frank La Rue.

La descomposición que ha vivido el país desde la Administración de Felipe Calderón –y que se profundiza en el segundo año de la Administración de Enrique Peña Nieto– ha colocado a la sociedad mexicana en el fuego cruzado. El número de víctimas inocentes no se agota en los muertos, los heridos, los desaparecidos: incluye la generalizada sensación de indefensión que nos agobia a todos. En medio de esto, los periodistas hacemos nuestro propio recuento de daños y contamos nuestras bajas.

Hace cosa de un par de meses, tres personas se encontraron en algún lugar de Nueva York. Uno de ellos era el escritor italiano Roberto Saviano, sentenciado a muerte por la mafia italiana. Otro era el periodista mexicano Diego Enrique Osorno. El tercero es una víctima: Raymundo Pérez Arellano, reportero mexicano superviviente de un secuestro en Tamaulipas. Un diálogo cruzado termina con una entrevista mutua entre Saviano y Pérez Arellano, compartiendo experiencias, contrastando estrategias, reconociéndose en lo próxima que les resulta la muerte.

En la conversación con Osorno, publicada en la revista Gatopardo, el escritor italiano describe México como “una gran y complicada democracia, un país muy rico con una enorme cantidad de pobres. Pero, sobre todo, porque se trata de un turbo-narcocapitalismo sin leyes, aunque aún con reglas. Las reglas son de las organizaciones y las leyes son del Estado”.

Saviano sabe de lo que habla. Es un encumbrado escritor joven que en su libro Gomorra penetra en la mafia de Nápoles, la camorra, y describe sus dimensiones empresariales, sociales, políticas y hasta ambientales, extendiendo sus tentáculos de negocios internacionalmente. Vive con una escolta permanente.

Junto con el escritor británico Salman Rushdie, Saviano vive el conflicto del remordimiento, de justificar por qué aún no ha sido asesinado. “Si estás vivo, ¡entonces no escribiste cosas tan peligrosas! Este mismo concepto hace que gane la cultura mafiosa en México, igual que en Brasil o en Italia. O sea: si estás vivo, es la mafia la que te deja estar vivo. Son ellos los que deciden. Con esta lógica, no hay forma de creer que uno esté vivo porque ha llevado la contraria a la mafia, porque es capaz de estar vivo, porque se sabe mover, porque hay un Estado que logra ser fuerte”, le cuenta a Osorno.

Y entonces, uno recuerda a colegas cercanos y que han sido secuestrados, vejados, torturados. Y recuerda a quienes han sido asesinados. Y recuerda que muchos periodistas se juegan la vida de forma cotidiana ejerciendo un periodismo profesional y comprometido, mientras otros están en riesgo por el mero hecho de vivir en zonas en las que la vulnerabilidad de la prensa es extrema. Y uno siente, como Roberto Saviano, la culpa de estar vivo.

 

*Gerardo Albarrán de Alba es periodista. Director de la Unidad de Investigación de Capital Media. Presidente del Consejo Consultivo en MPICDMX. Defensor de las Audiencias de Radio Educación. Creador y primer Defensor de la Audiencia de la radio privada en México, en Noticias MVS (2011-2013). Director de Saladeprensa.org. En la revista Proceso fue coordinador de proyectos especiales, corresponsal para el suroeste de Estados Unidos, reportero y editor. Miembro del consejo regional del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). Ha sido integrante del consejo editorial de la edición mexicana de Le Monde Diplomatique; consejos directivos del Centro de Periodismo y Ética Pública y del Centro de Periodistas de Investigación (IRE-Mx); consejos consultivos de la Fundación Información y Democracia y de México Abierto; del consejo periodístico de la Fundación Libertad de Información-México, y del Committee to Protect Journalists (CPJ).

*Este texto fue publicado en Cuadernos de Periodistas, No. 28, Asociación de la Prensa de Madrid, julio de 2014. Lo incluimos con la aprobación del autor.

 

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