23 de enero de 2019

Comunicado PEN México, PEN San Miguel y PEN Guadalajara

Carta Abierta

Lic. Andrés Manuel López Obrador

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Estimado presidente:

            PEN México, PEN San Miguel Allende y PEN Guadalajara, centros latinoamericanos de PEN Internacional, organización mundial dedicada desde 1921 a la defensa de la libertad de expresión y a la difusión de la literatura, se manifiestan sumamente alarmados ante el primer asesinato de un periodista en este 2019 que comienza. Este domingo 20 de enero, el periodista Rafael Murúa Manríquez –director de Radio Kashana 93.3 FM de la comunidad de Santa Rosalía, B.C.S–, fue hallado muerto, con huellas de balazos en el tórax y en la cabeza, en el kilómetro 40 de la carretera Santa Rosalía-San Ignacio varias horas después de haber desaparecido en el centro de la ciudad de Santa Rosalía. Esta fue la primera Concesión de Uso Social Comunitaria entregada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en Baja California.

Durante los últimos dos años Rafael Murúa Manríquez estuvo protegido por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas debido a que denunció varias amenazas de muerte. En especial, durante los últimos dos meses el periodista intensificó sus denuncias y grabó un video que circuló en redes sociales. Como se publicó en varios medios, a fines del año pasado el comunicador hizo un llamado urgente a las autoridades para que garantizaran la libertad de expresión. Rafael Murúa Manríquez había sufrido agresiones varias, un balazo en la parte posterior de su casa por ejemplo, durante los primeros 50 días de la administración del presidente municipal de Mulegué, Felipe Prado Bautista. Él hizo énfasis en que no pretendía culpar a nadie, sólo hacer públicos los intentos de censura, calumnias y agresiones sufridas por ejercer su tarea como informador. En este enlace puede leerse a detalle lo que sucedió los últimos días de vida del periodista: https://articulo19.org/desaparicion-y-asesinato-de-rafael-murua-exhibe-ineficacia-de-autoridades-en-la-proteccion-e-investigacion-de-crimenes-contra-periodistas/

Exigimos un compromiso real y honesto ante el asesinato de periodistas, atrocidad que nos ha perseguido desde hace muchísimos años con 122 periodistas asesinados desde el 2000 en nuestro país. Los mecanismos de protección tienen que cuidar verdaderamente a los periodistas, protagonistas esenciales en cualquier democracia que se respete. Hace poco el Gobierno pidió perdón públicamente a Lydia Cacho, periodista detenida y terriblemente violentada en 2005 en Puebla. Creemos que no basta con ello. Debió pedírsele perdón a todos los periodistas asesinados en nuestro país, pero sobre todo debieron garantizarse mínimas condiciones de seguridad en el ejercicio de su tarea informativa.

Cabe recordar que el 10 de diciembre de 2018 siete periodistas oaxaqueños recibieron una amenaza colectiva vía la red social Facebook: Flor Hernández, Said Hernández, Jaime Guerrero, Ivonne Mateo, Álvaro Morales, Virgilio Sánchez y Francisco Vásquez, colaboradores, entre otros medios, de Encuentro, Real Politik, Centro Informativo Oaxaca (CIO Información), Revista El Tucán, RiOaxaca, Diario Noticias, NewsWeek en Español Oaxaca, Radio Teka y El Piñero de la Cuenca.

Tras un sexenio de asesinatos y agresiones constantes contra periodistas, resulta desolador vernos obligados a escribir esta carta abierta ante el asesinato del primer periodista de 2019.

Atentamente,

PEN México,

PEN San Miguel Allende

PEN Guadalajara.

PEN de México: https://penpiensa.com/

PEN de Guadalajara: http://www.penguadalajara.org

PEN de San Miguel: http://sanmiguelpen.com

Ccp: Carlos Mendoza Davis.

Gobernador de Baja California Sur.

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De Manuel Buendía a Héctor González y María del Sol Cruz Jarquín

Pronunciamiento en el Día de la Libertad de Expresión en México
7 de junio de 2018

 

Por Magali Tercero, presidente PEN México

Hemos llegado al Día de la Libertad de Expresión con el olvido aparente del aniversario mortuorio de Manuel Buendía, “el primer periodista asesinado por la narcopolítica”, frase que dio lugar al libro post mortem de Miguel Ángel Granados Chapa sobre Buendía. Este año sólo se presentaron, el 30 de mayo, tres periodistas a la 34 conmemoración anual en su honor en la Plaza Zarco de Av. Reforma, dedicada a la libertad de expresión y situada a unos pasos del Caballito de Sebastián. Y esto ocurrió, muy probablemente, por desaliento ante la parca respuesta de las autoridades, o bien porque nuestros esforzados periodistas han estado ocupados enterrando un muerto tras otro; organizando protestas debido a las amenazas recientes de esta semana, entre las que se han publicado, contra Raymundo Campos de Sabinas, Coah., o campañas de difamación como la ejercida, vía WhatsApp, contra Gabriela Soto, de Culiacán, Sinaloa. El gremio ha estado organizando brigadas de apoyo y protestas públicas por asesinatos como el de Héctor González en Cd. Victoria, Tamaulipas, el 28 de mayo, o el de la fotógrafa María del Sol Cruz Jarquín en Juchitán, Oax., el 3 de junio.

Los hechos mencionados sucedieron entre el 29 de mayo y el 5 de junio pasados. Manuel Buendía dijo en alguna ocasión: “No entiendo un periodismo sin ideales. Ni el reporterismo, ni la entrevista, ni el reportaje, ni el artículo, ni la crónica, ni el editorial, ni mucho menos géneros de tan comprometido ejercicio como la columna pueden llevarse a cabo sin un ideal. ¿Cuál es mi ideal? Servir a mi país con los recursos del periodismo?” Actualmente estas palabras pueden leerse en la Plaza Zarco dedicada a Francisco Zarco, el gran periodista liberal del siglo XIX. Mucho después del 30 de mayo de 1984, se encontró en los archivos de Buendía información sobre los lazos del asesino intelectual, José Antonio Zorrilla Pérez, quien cumplió condena carcelaria, con los traficantes Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, y Rafael Caro Quintero. Así lo comunicaron la Procuraduría capitalina y la Procuraduría General de la República.

Como se mencionó antes, el primer domingo de junio fue asesinada la fotógrafa María del Sol Cruz Jarquín en Juchitán, Oax. Ella cubría por órdenes superiores de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) estatal, la campaña política por parte del PRI de Pamela Terán, candidata, también asesinada, a segunda concejal (e hija de un conocido traficante de drogas de la región). Francisco Javier Montero López, secretario del SAI presentó al día siguiente la renuncia. El 29 de mayo gente, cuya identidad se desconoce hasta el momento, mató a golpes, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, al periodista Héctor González, colaborador de Excélsior y medios tamaulipecos.

Debemos mencionar dos crímenes más aunque no estén relacionados con la libertad de expresión: Alicia Díaz de Monterrey, Nuevo León, cuyo asesinato, el 24 de mayo, fue clasificado como feminicidio cometido por su ex esposo. En cuanto al secuestro del 5 de junio de Areli Hernández, esposa del periodista veracruzano Raymundo León, él mismo aclaró públicamente que el “levantamiento” se debió a una rencilla familiar. Hernández regresó el mismo día a su casa. La pareja está bajo protección desde 2014 porque ella sufrió el mismo tipo de agresión en años anteriores.

Meses antes fueron asesinados Agustín Silva Vásquez en el Istmo; Carlos Domínguez Rodríguez en Nuevo Laredo, Tamaulipas;  Pamika Montenegro, bloguera conocida como ‘La Nana Pelucas’, en Acapulco, Gro.; Juan Carlos Huerta en Villahermosa, Tab, y Leobardo Vázquez, en Veracruz.

PEN México vuelve a exigir, como lo ha hecho desde 2011, que las autoridades resuelvan este terrible problema de violencia contra la libertad de expresión que, de acuerdo con la organización Artículo 19, ha mutilado 42 familias durante la presidencia actual, además de aproximadamente dos mil agresiones contra reporteros y periodistas.

Este 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión, duele e indigna más que nunca comprobar que la realidad mexicana nos muestra un rostro cada vez más oscuro. ¿Debemos poner la otra mejilla?